Comentario

Junto a Estados Unidos, Canadá y Australia, tradicionales áreas de inmigración, en las últimas décadas del siglo XX se han consolidado nuevos polos de atracción para los inmigrantes situados en la zona del Pacífico y del Golfo Pérsico.En el área del Pacífico, el principal foco lo constituye Japón que, hasta hace escaso tiempo, había sido considerado como un país excepcional en el terreno inmigratorio, ya que nunca había tratado de introducir trabajadores extranjeros, ni tan siquiera en los momentos de máximo crecimiento económico de los años sesenta. A partir de la década anterior, y tras una drástica reforma agraria, gran parte de la población japonesa dedicada a la agricultura (que ocupaba al 45,2% de la población activa) empezó a descargar sus efectivos demográficos en las ciudades industriales, sin que fuera necesario, como en los países de la Europa occidental, recurrir a los emigrantes de otros lugares. Posteriormente Japón se fue introduciendo en otros países asiáticos en busca de fuerza trabajadora más económica, estableciendo en ellos fábricas subsidiarias, y recurrió a la exportación de capital como sustitutivo eficaz de la importación de mano de obra. En ningún momento se puso de manifiesto la falta de operarios en el país, ni fue necesario recurrir a trabajadores inmigrantes. Tampoco lo favorecía la legislación. El Gobierno japonés declaró, en su primer "Programa Básico de Empleo" de 1967, que no permitiría la entrada en el Japón de trabajadores extranjeros, con el fin de proteger el mercado laboral autóctono.Esta situación se transformó radicalmente entre 1980 y 1990, cuando se produjo un notable incremento del número de trabajadores ilegales en el interior del país, lo que terminó por configurar en torno al Japón un importante sistema migratorio. El crecimiento económico japonés de este período, en contraste con el estancamiento de los Estados Unidos y de Europa, se tradujo pronto en un aumento de valor del yen, lo que ampliaba de forma espectacular la diferencia entre los salarios de Japón y los de otros países asiáticos, convirtiendo el país en un atractivo foco para la inmigración. A su vez, la reducción de las plantillas en los mercados de los países del Oriente Medio (afectados por el estancamiento de la economía en el mundo occidental) aumentaba los flujos de trabajadores extranjeros que se dirigían al Japón que, por su parte, se enfrentaba con un grave problema a consecuencia de la escasez de fuerza trabajadora en las ciudades, una vez que se había agotado la aportación autóctona del campo. En 1990, la población dedicada al sector agrario representaba ya tan sólo el 6,3% de la población activa del país.A partir de este momento, Japón tendrá que enfrentarse a la avalancha integrada por un crecido número de trabajadores extranjeros que se mantienen en situación ilegal. El principal número de inmigrantes lo constituyen los coreanos, tanto del Norte como del Sur, que ya antes y durante la II Guerra Mundial habían emigrado de su país para instalarse en el Japón, manteniendo la nacionalidad coreana. A partir de 1987 se produjo un aumento considerable de la inmigración de sudamericanos y chinos. Los primeros suelen ser descendientes de emigrantes japoneses a Sudamérica, que reciben en Japón casi automáticamente el permiso de trabajo y de permanencia. La colonia china está compuesta, básicamente, por estudiantes y aprendices.La nueva realidad que vive el país ha obligado a modificar la política migratoria en sentido menos restrictivo. En el "Sexto Programa Básico de Empleo", de 1988, se introdujeron algunos cambios: Japón aceptaría ciertas categorías de trabajadores cualificados aunque mantenía una actitud reticente en cuanto a la entrada de los no cualificados, postura en la que coinciden con el Gobierno tanto los empresarios como los sindicatos. En junio de 1990 se promulgó una nueva ley de inmigración, ante la presión por un lado de los inmigrantes y, por otro, de las industrias carentes de mano de obra que solicitaban una solución pronta a este problema. La ley trató de esclarecer la situación autorizando a trabajar en el país a cuatro grupos distintos de extranjeros: los que según las autoridades de Japón eran considerados como "trabajadores cualificados", los estudiantes después de su horario lectivo y durante algunas horas, los extranjeros de origen japonés que emigraron a otros países junto con sus esposas y descendientes y, por último, los aprendices industriales.Japón se enfrenta en la actualidad, aún así, a un serio problema de falta de mano de obra. Según un informe presentado por la "Federación de Organizaciones Económicas" en 1991, se calcula que la escasez de mano de obra en el Japón en el año 2000 alcanzará la cifra de 5.000.000 de trabajadores, siempre que la economía mantenga su crecimiento en un 3,5% anual. En 1991, con la creación de la JITCO ("Organización Técnica Internacional de Japón") y con la presentación del Plan referente a la admisión y formación de aprendices extranjeros, se hizo un esfuerzo por paliar, de algún modo, estas carencias. En el Plan se permitía a los aprendices trabajar durante dos años después de haber finalizado su formación básica, a la vez que, por medio de la JITCO, se ofrecía asistencia técnica y asesoramiento a las empresas pequeñas y medianas que quisieran contratar trabajadores extranjeros. La política migratoria del Gobierno japonés, con el apoyo de la JITCO, se centraliza al máximo. El Gobierno no sólo controla el flujo de la inmigración sino que además interviene directa y diariamente en el mercado de trabajo para la contratación de los inmigrantes.En el otro extremo del continente asiático, el rápido desarrollo de las economías de los países ricos en petróleo de Oriente Medio ha provocado en las últimas décadas un fenómeno migratorio de gran envergadura en la zona del Golfo Pérsico. La fuerte demanda de mano de obra favoreció la afluencia de considerables contingentes de trabajadores procedentes sobre todo del Sur y del Sureste de Asia y, en menor medida, de los países árabes del entorno (Egipto, Siria, Jordania y Yemen). En los países del Golfo Pérsico el desnivel de proporciones entre población autóctona y fuerza extranjera ha sido las más altas del mundo, alcanzando ésta última la cifra del 76% en los Emiratos Árabes Unidos. Sólo en 1985 los seis Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo emplearon 5,1 millones de trabajadores extranjeros, de los cuales el 43% procedía de Asia del Sur y el 20% del Sureste asiático. La mayor parte de los países asiáticos exportadores de mano de obra ha visto en el Golfo Pérsico su principal mercado. En Pakistán, India, Bangladesh o Tailandia entre el 90 y el 100% de los trabajadores emigrantes sitúa en este área su principal destino.La presencia en estos territorios de un alto porcentaje de población étnicamente diferente suscitó una gran preocupación entre los Gobiernos de la región, sobre todo porque en algunos casos se estaba produciendo un proceso de "aculturación inversa" que daba por resultado una pérdida gradual de la identidad nacional árabe. Pero también se consideraba que una afluencia muy numerosa de inmigrantes árabes podría implicar serios riesgos políticos en la zona. En la década de los ochenta los países de la región optaron por la adopción del llamado proyecto "carcelero", en virtud del cual un contratista, que podía ser de origen asiático, empleaba los trabajadores que considerase pertinentes para la realización de un proyecto determinado, los mantenía en enclaves durante el periodo de realización del proyecto y los hacía regresar al finalizar éste a su país de origen. Se estimaba que el método adoptado era capaz por sí mismo de eliminar tanto los riesgos políticos como las incidencias étnicas negativas, aún cuando impedía toda forma de transferencia tecnológica y no era aplicable más que a una pequeña parte de las actividades económicas, fundamentalmente a la construcción de infraestructuras.En torno a los flujos migratorios de este área geográfica existe una gran incertidumbre, producto tanto de su sensibilidad a los cambios de fortuna derivados de las oscilaciones de los precios del petróleo como de la permanente inestabilidad política que existe en la zona.